Lucro y patriotismo en la prensa de los Estados Unidos (2003) (página 2)

El
contagio

Dos afecciones, además del divorcio con
la audiencia, impactan dolorosamente la labor de los medios: la
concentración del poder en
megaempresas y las leyes de seguridad
nacional con su patriotismo delirante.
En cuanto al primer mal, basta con decir que la fusión
AOL/Time-Warner ha sido la más grande y costosa
combinación de compañias en la historia económica
del país. En dos meses, la Comisión Federal de
Comercio (FTC)
y la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC) aprobaron la compra de America Online a Time-Warner por
$166 millones de dólares -un conglomerado con activos de
U.S.$350 millones, según el Public Broadcasting System y
la BBC. La operación significó poner bajo el mismo
techo al consorcio número uno de los medios (Warner
Brothers, Warner Music, HBO, CNN, TNT, Cartoon Network, Sports
Illustrated, Time and People Magazine) con el número uno
del servicio ISP o
de interconnection de Internet (AOL, Compuserve,
and Netscape), entre otros negocios.

Justificando su decisión unánime, el Jefe
de la FTC, Mr. Robert Pitofsky, declaró: "aun cuando
existían serias dudas antimonopolio con esta
consolidación, la orden de consentimiento resuelve tales
interrogantes, preservando la competencia e
incluso fortaleciéndola en un área tan importante
como el comercio en Internet." Porque la FTC apoya la competencia
seria, explicó Richard Parker, Director del Buró de
la Competencia, esta decisión "da pasos concretos para
asegurar que otras compañías compitan y provean
alternativas a los consumidores que deseen contenidos y servicios
distintos a AOL/TW. No habrá en ningún momento para
AOL una posición de ventaja a la hora de ofrecer un
servicio o una plataforma avanzada, como la [televisión
inteactiva]," dijo Parker (Mayor información en
www.pbs.org/newshour).

¿Una fusión
ilegal?

Desde un comienzo, "pensamos que esta fusión era
fundamentalmente ilegal," admitió la FTC. Y no
podía ser de otra forma, pues permitir la unión de
America Online, el proveedor número uno de servicios
Internet (más poderoso que todo el grupo de los
diez competidores siguientes), junto con Time-Warner, la segunda
companía de cable y la mayor productora nacional de
contenidos (incluyendo libros,
películas, música, videos y
noticias), era
una gran amenaza monopolista al futuro de las comunicaciones. El
principal problema era garantizar el acceso de la competencia a
los mercados y
servicios del nuevo consorcio, sin entorpecer el liderazgo
potencial de la empresa en el
exterior. Para complicar las cosas, AT&T, la mayor proveedora
de servicios de cable en el país, tenía una
significativa relación de acciones con
Time Warner. Luego, se podría decir que el problema no era
solo AOL y Time-Warner, sino AOL/TW y en buena parte
AT&T.

En la orden de aprobación, la FTC concluyó
que el tema del acceso quedaba resuelto al garantizarse el
ingreso de por lo menos tres competidores al mercado del
servicio Internet -como la empresa
Earthlink, con quien se celebró un contrato
anterior. Dos medidas más del acuerdo de fusión o
settlement dejaron a la Comisión satisfecha. Primero, una
serie de cláusulas sobre el continuo monitoreo de la nueva
compañía, incluyendo la aceptación de un
ente supervisor; y segundo, un sistema especial
de reporte de quejas sobre problemas de
consulta y eventuales problemas de acceso a la competencia. El
propósito, según Pitofsky, era garantizar la
apertura, la diversidad, el acceso fácil y la libertad en el
mercado.

La competencia no quedó muy convencida, a juzgar
por la reacción negativa de otras empresas como
Walt Disney, Viacom y Microsoft.
Menos persuadidos quedaron los académicos, al menos los
más críticos, para quienes la promesa oficial de
monitoreo sobre la conducta de los
conglomerados es un espejismo. Para Edward S. Herman y Robert W.
Mchesney, profesores de la Universidad de
Pennsylvania y de Illinois en Urbana-Champaign, la
merger-manía de las dos últimas décadas es
el mejor ejemplo del incontrolable oligopolio
mundial de las comunicaciones y sus enormes barreras para entrar.
Como reportara el Wall Street Journal en 1988, "el afán de
fusionarse dominó la compulsión por
competir."¿Cómo pudo los Estados Unidos creer en la
supuesta democracia
económica de fusiones como
Capital
Cities-ABC (1985), GE-NBC (1986), Time Inc-Warner Communications
(1989), Westinghouse-CBS (1995), Disney-Capital Cities/ABC
(1995), Time/Warner-Turner Broadcasting (1996), News
Corp./Fox-New World Communications (1996), Viacom-CBS (1999), y
finalmente AOL-Time Warner (2000)? Por tres razones: la
super-ambición económica, la exageración de
los beneficios de la tecnología, y el
travestismo del libre mercado. Lo interesante es que todo este
asunto del poder económico siempre ha tenido que ver
más con la política que con la
tecnología , comentan Herman y McChesney.

Autoritarismo
de la seguridad nacional

Y al hablar de política, el tema nos lleva a la
segunda enfermedad o afección de los medios en los Estados
Unidos: el autoritarismo de la actual seguridad nacional. Antes
de la tragedia del 9-11 y con una agenda de proteger secretos
militares y de inteligencia,
George W. Bush inició su gobierno
anunciando condiciones al flujo de la información. Con la
crisis del
terrorismo,
las restricciones se hicieron simplemente más obvias. De
inmediato y en contubernio con un Congreso complaciente, se
firmó la Ley Patriota del
2001.

Este estatuto, extenso y torpe, producto de la
improvisación, ha sido el peor ataque a la Carta de
Derechos y a la
democracia estadounidense en el último cuarto de siglo.
Como reportara el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR)
con sede en Nueva York, inaugurado en la década del
sesenta, gracias "al USA Patriot Act y a su amplísima
definición del terrorismo doméstico, la libertad de
palabra, el debido proceso y la
igualdad de
las personas ante la ley han sufrido serios retrocesos."
Insatisfecho con su propia Ley Patriota I, el presente gobierno
quiere una segunda versión, la denominada Ley de
Fortalecimiento de la Seguridad Interna del 2003 o Ley Patriota
II.

El Patriot Act II, resume la ASNE, persigue tres
objetivos:
aumentar el monitoreo de las personas, lo que inhibe aún
más el derecho a disentir; incrementar las restricciones
de libre acceso a la información pública; y
expandir las medidas de tipo penal contra el derecho de
asociación protegido por la Primera Enmienda. La propuesta
incluye también, según Beverley Lumpkin,
corresponsal de ABC News, órdenes de amordazamiento (o gag
orders) de testigos y la posibilidad de que individuos
nacionalizados pierdan su ciudadanía, si se les comprueba
algún vínculo con organizaciones
terroristas de acuerdo a la definición del
gobierno.

Por fortuna, la idea de una Ley Patriota II ha
encontrado fuerte resistencia entre
organizaciones tan diversas como el American Civil Liberties
Union (ACLU), el American Bar Association (ABA), el American
Library Association (ALA) y la American Society of Newspaper
Editors (ASNE), junto a la Association of American Physicians and
Surgeons, el Cato Institute, Human Rights Watch, el National
Immigration Forum, el National Council of Churches y la United
Church of Christ, entre otros. Esto es, abogados,
bibliotecólogos, editores, médicos,
diplomáticos y clérigos, todos contra la
expasión del patriotismo oficial. "No son solo los
republicanos moderados los que andan preocupados con Bush,"
escribe Kurtz del Washington Post, "le temen también los
conservadores clásicos. Además de la guerra en
Irak y la
economía,
los angustia la erosión
del derecho a la privacidad y [el precio] de los
medicamentos y los enfurece el asunto de la inaceptable
expansión del tamaño del gobierno."

Censura
o autocensura

Pero, ¿para qué más censura oficial
cuando hay tanta autocensura privada? En realidad no estamos
frente a un censor lúcido, sino frente a un régimen
anacrónico y obtuso. Ya pocos periodistas dudan que los
conglomerados tienen el poder de silenciar calladamente y de
convertir sus salas de redacción en inocuas e intranscendentes.
Desde finales de los 80, se hicieron más y más
frecuentes los casos de autocensura, donde el periodismo es
solo una parte del negocio –a menudo, la menos importante
en complejos que producen desde plásticos
hasta noticias.

Durante la
administración Clinton, por ejemplo, no fue
extraño ver cómo NBC convirtió en noticia
líder
de dos semanas sus Juegos
Olímpicos; cómo Disney hizo de su
vigésimo-quinto aniversario en Orlando la sede y la
noticia de Good Morning America, convirtiendo el programa en un
infomercial; o cómo el mismo Disney silenció en ABC
una noticia embarazosa sobre las prácticas de empleo en
Magic Kingdom; o cómo la CNN se rehusó a aceptar
anuncios de las empresas telefónicas en contra de la Ley
de Telecomunicaciones que favorecía el alza en
sistemas de cable
como los de Time-Warner, su propietaria, etc, etc.
La autocensura y la falta de ética son
más comunes de lo que se cree. Como demuestra un
artículo del periódico
comunitario New Times en Miami, el semanario Street, publicado
por el Miami Herald Publishing Company, fue retirado de las
calles y reemplazado por otra edición
para no ofender a un influyente constructor de la
ciudad.

El Street pretendía publicar una sátira
sobre varios personajes de la metrópoli, incluido el
propietario de Lennar Corporation acusado de vender
construcciones defectuosas que fueron luego destruidas por el
Huracán Andrew.

Jim DeFede, un notable columnista del Herald,
llamó al propietario original de Lennar (Leonard Miller)
"lavador de reputaciones" por querer mejorar su imágen con
donaciones a causas sociales. Los Miller se quejaron a la
gerencia, y
cuando el Street surgió con otra sátira, el diario
no estaba dispuesto a tolerar otra incomodidad por parte su
semanario gratis y experimental. En otras palabras, se
decidió censurar al más débil.

Aunque el problema es ético, pues se
decidió "desinfectar" y reimprimir una nueva
edición por presiones externas, el Miami Herald
mencionó razones legales para justificar su acción.
Su abogado, habló de posibles demandas por
difamación y privacidad. Pero juristas prestigiosos de los
medios y de experiencia en el area no detectaron dichos peligros,
pues la información era de conocimiento
público y los gerentes de Lennar también eran
figuras públicas (New Times, julio 31-agosto 6,
2003).

El
tratamiento

¿Qué hacer con estos tres síntomas:
censura oficial, autocensura y la falta de democracia
económica? En cuanto a las fallas éticas y de
autocensura, la API y la ASNE recomiendan la siguiente
curación. Primero, escribir nuevos patrones de
ética en cada periódico. En realidad esta
solución no es nueva, pues los diarios angloamericanos
siempre han tenido estos códigos archivados en alguna
parte (desde el Journalist’s Creed de 1905). El
inconveniente era que nadie los conocía, ni siquiera los
editores. La propuesta hoy día es actualizarlos y ponerlos
a funcionar en la práctica. Se supone que los nuevos
estándares deben ser una guía para periodistas y
editores en la recolección de información y manejo
de fuentes.

Este último punto nos lleva a la segunda
curación: que el público le habla a los
periódicos, no a los periodistas. Se quiere redefinir
entonces el verdadero significado del término "off the
record" y el uso de fuentes y afirmaciones cuando se empleen
formatos narrativos. Se espera también que los reporteros
no utilicen fuentes anónimas, en especial, si se trata de
denigrar a las personas. Los editores, por lo menos uno de ellos,
debe conocer el nombre de la fuente anónima si es
imprescindible para la historia. En este tema, Milton Coleman,
editor del Washington Post expresa su total desacuerdo. El
anonimato, dice, "es la manera de jugar este juego en
Washington, y yo no hubiera querido conocer las fuentes de Bob
Woodward. Un Woodward no pierde credibilidad por usar fuentes
anónimas, la pierde cuando se equivoca" (Ver,
artículos por Joyce Gemperlein, American Press Institute,
Y si la credibilidad se pierde, según el Josephson
Institute of Ethics, la mejor manera de recuperarla es actuar
como perro guardián, ser conciencia y ser
educador.

Una tercera y dolorosa curación es neutralizar la
arrogancia de los editores y ejecutivos en los medios. Son ellos
los que impiden una sana comunicación para corregir errores e
imprecisiones. Bernard Goldberg, autor del comentado libro Bias:
CBS insider exposes how the media distort the news, está
convencido que los directores de prensa (liberales
y conservadores) son "ciegos y arrogantes." La Yale Review of
Books le reconoce a Goldberg el valor de
escribir al respecto. Se aconseja entonces la creación de
una atmósfera abierta en las salas de
redacción y de entrenar a los editores en la
comunicación de metas y principios
éticos.

El
defensor del lector

En el fondo, se quiere fortalecer la institución
del Ombudsman (o mejor, Ombusperson). "Alguien debe jugar ese
rol," reclaman los editores del foro de la ASNE/API, como si se
tratara de una figura que se la pudiera entregar a cualquiera. Es
tal el enredo en esta cuarta curación, que una editora del
USA Today, Carol Stevens, llegó a considerar la
posibilidad de una oficina de
asuntos internos, como en los departamentos de policía,
para agarrar a los periodistas inéticos infraganti. Por
fortuna, otros editores reaccionaron con toda energía,
alegando que semejante idea significaría "un grave
daño" a
la cultura de una
sala de redacción.

Por lo menos en cuestiones de ética se
está discutiendo el tratamiento. Lo que no parece tener
solución inmediata es la lucha contra la
concentración del poder en los medios. La Ley Sheman de
1890 y otras leyes antimonopolio han sido letra muerta, en este
país, desde la administración Reagan. El expresidente
Clinton trató de revivir este espíritu en su
segundo período, patrocinando una acción
antimonopolio contra Microsoft, pero terminó aprobando el
mayor merger de la historia en Diciembre del 2000: AOL/Time
Warner. Una vez que George W. Bush asumió la presidencia,
Microsoft se deshizo fácilmente del temido litigio.
Si hay voluntad política, la ley anti-trust ofrece dos
remedios: el alivio estructural, rompiendo la
concentración por orden o intervención judicial,
como casi sucede con Microsoft y el juez que ordenó la
división del gigante en dos compañías (fallo
que fue revisado por la corte de apelaciones del Distrito de
Columbia al comenzar el actual gobierno); o, el otro remedio es
la imposición de multas y reglas de conducta contra los
oligopolios. En esto se cree poco, luego del escándalo
Enron. De hecho, en un momento se llegó a pensar que
AOL-Time Warner podría ser otro Enron. Pocas empresas
pueden darse el lujo de perder U.S.$99,000 millones de
dólares en un año (2002) y mantener algún
perfil de salud
financiera.

Aunque Microsoft aceptó pagarle a AOL/Time Warner
U.S.$750 millones dólares por prácticas
monopolistas en el caso Netscape, críticos, como el estado de
Massahussets, no creen que la monopolización se alivie.
Otra noticia que deprime a los amigos de la competencia es el
fallo de la FCC en junio pasado, cuando la mayoría
republicana de la Comisión, presidida por Michael Powell
(hijo de Colin Powell), enterró la última de la
restricciones cross-ownership, permitiendo la fusión entre
un periódico y una estación de televisión en un mismo mercado y aumentando
el número de estaciones que una cadena puede comprar a
nivel local y nacional. "Nos enfilamos hacia lo desconocido"
comentó el disidente comisionado demócrata, Michael
Copps.

Que enorme contradicción, diría el
magistrado Hugo Black, defensor de la libertad absoluta de la
prensa. Una cosa es proteger la libertad de
expresión que merece una garantía total (no
solo de libre mercado), y otra muy distinta es hablar de la
"libertad de fusionarse" para impedir que otros publiquen. La
segunda no se encuentra protegida por la Primera Enmienda,
según Black (Ver Associated Press v. United States,
1945).

Fiebre
que no cede

Para finalizar, la fiebre de la
censura o la intromisión oficial por motivos de seguridad
no parece ceder. En los Estados Unidos,
decisiones de las cadenas de TV de censurar los vídeos de
Osama Bin Laden o los horrores de la guerra en Irak fueron si no
ilegales, claramente inéticas. No hay que temerle al mundo
de la ideas. Como explicaran Hugo Black (1886-1971) y William O.
Douglas (1898-1980), la Primera Enmienda existe para proteger la
libertad de opinar sin excepciones, es decir, en forma absoluta y
lejos del alcance del gobierno. No hay peor frustración
que el no poder expresar nuestras frustraciones. Por eso, la
Carta de
Derechos norteamericana tiene en su Primera Enmienda la piedra
angular de la democracia. Para Black, los ciudadanos deben gozar
de una completa inmunidad para criticar al gobierno, incluyendo
los jueces. "Una prensa libre es el requisito de una sociedad
libre," decía Black.

Solo una sociedad profundamente democrática
intenta garantizar a sus ciudadanos una libertad absoluta de
expresión. La libertad de expresar, escribió
Douglas, "no es para regularla como si se tratara de vacas
enfermas o de una mantequilla adulterada".

Puesto que no tenemos la civilidad de tolerar una
libertad absoluta, ni de prensa ni de palabra, nuestras sociedades
recurren a teorías
que limitan el precioso derecho a expresar (lenguaje del
art. 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, 1789). Todavía hay muchos que consideran la
libertad de expresión un privilegio. De ahí la
importancia de la posición preferencial del derecho a
comunicar, es decir, de no poder limitar esta garantía
como explicara Harlan Stone en U.S. v. Carolene Products (1938),
a menos que la necesidad de restringir derrote la
presunción de respetar un derecho humano básico.
Sin esta preferencia, el campo está abierto para censurar
con excusas como la seguridad nacional, el balance de intereses,
la razonabilidad, el peligro inminente y tantas otras.

Tras
una pronta mejoría

Le llegó la hora a la prensa actual de los
Estados Unidos de enfrentar sus propios demonios. Si en
épocas anteriores, la prensa angloamericana superó
el puritanismo de la "Ciudad de Dios" (Massachussetts, s. XVII);
la persecución colonial de los impresores como los
Franklin (Boston, s. XVIII); la cruda esclavitud del
Antebellum America (1812-1864); la liga de Anthony Comstock y su
Asociación de Jóvenes Cristianos (la YMCA de
finales del s. XIX); y los juicios que por sedición
autorizaron las cortes y leyes federales de 1798, 1917 y 1940,
¿por qué no ahora?

Los Estados Unidos es un país de una valiosa
tradición en la defensa de sus libertades, particularmente
en las comunicaciones, así que tiene los anticuerpos para
derrotar esta nueva infección. Confiemos en una pronta
mejoría, por el bien del planeta.

Leonardo Ferreira

Revista Chasqui
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